Desde hoy rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: los mayores de 14 años pueden ser imputados y se terminan las perpetuas para adolescentes

Desde hoy rige el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina. Los mayores de 14 años que cometan delitos podrán ser imputados — reemplazando el esquema vigente desde 1980 donde los menores de 16 eran inimputables. El nuevo sistema prohíbe las perpetuas para adolescentes y fija un máximo de 15 años de prisión. Contempla medidas alternativas al encierro y la responsabilidad civil de los padres por los daños causados por sus hijos. El Congreso destinó $23.739 millones para su implementación.

Argentina estrena hoy un nuevo capítulo en su historia judicial. Desde este sábado 5 de septiembre rige el nuevo Régimen Penal Juvenil — la reforma más importante al sistema de justicia de menores desde 1980, cuando se estableció que los menores de 16 años eran inimputables.

Qué cambia desde hoy

El cambio central es la edad de imputabilidad. A partir de hoy las personas mayores de 14 años que cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser imputadas por los mismos. Aunque la reforma penal permitirá que los adolescentes de 14 años puedan ser judicializados, estos seguirán enmarcados bajo un sistema especial — diferente al de los adultos.

Este sistema contempla condenas, medidas alternativas y en determinados casos privación de la libertad. Las sanciones deberán orientarse a la responsabilidad legal por los actos cometidos y a la educación, resocialización e integración social del adolescente.

Las penas — sin perpetua y máximo de 15 años

Entre los cambios centrales la norma prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes. Al mismo tiempo fija que el máximo de las penas privativas de libertad será de 15 años — con posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena.

La entrada en vigencia del régimen no implica que todo delito cometido por un menor de 18 años derive automáticamente en encierro. Se contemplarán sanciones alternativas para determinados casos, sobre todo cuando la pena prevista supera los tres años y llega hasta los diez.

Las medidas alternativas

Como parte de las medidas alternativas propuestas por este marco legal aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas y comunitarias. También se incorporará la amonestación — un llamado de atención formal acompañado de otras medidas previstas en la ley.

Otra novedad es el monitoreo electrónico adolescente — pensado para controlar el cumplimiento de determinadas sanciones o funcionar como medida dentro del régimen penal juvenil.

Los padres también son responsables

La nueva normativa establece la responsabilidad civil de los padres de niños, niñas y adolescentes sometidos a proceso penal por los daños derivados de los hechos ilícitos atribuidos a sus hijos. Un cambio significativo que responsabiliza a la familia en el proceso judicial.

Las dudas sobre la implementación

Una de las principales incógnitas pasa por la capacidad operativa del sistema judicial para absorber el nuevo universo de causas. En algunos juzgados de menores advierten que se espera un aumento fuerte de expedientes y que existen dudas sobre si habrá recursos humanos, infraestructura y dispositivos suficientes para aplicar la ley en todo el país.

También persisten interrogantes sobre la disponibilidad de pulseras electrónicas, la designación de supervisores especializados y la articulación entre la nueva ley nacional y los sistemas procesales provinciales. Para la implementación el Congreso estableció una partida de $23.739.155.303 — mientras algunas provincias ya avanzaron con protocolos, en el ámbito nacional aún continúan las conversaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal para unificar criterios de aplicación.

Fuentes: Infobae — 5 septiembre 2026